El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy la Ley Foral de
medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra,
que prevé medidas para reducir el parque de casas vacías y posibilitar
el embargo temporal de las que están en proceso de ejecución
hipotecaria, para evitar desahucios.
PAMPLONA. La iniciativa, presentada por PSN, Bildu,
Aralar-Nabai, I-E y los no adscritos, que ha obtenido sus propios apoyos
y el rechazo de UPN y PPN, pretende "asegurar la función social de la
vivienda para, superando su actual condición de mero bien de consumo
sujeto a las leyes del mercado".
Así, se busca una "acción pública capaz de promover las normas
necesarias para regular la utilización del suelo conforme al interés
general".
Para "impedir la especulación" y garantizar el derecho a una
vivienda "digna y adecuada" de acuerdo al cometido social que, más en
una situación de "emergencia económica y social, delimita el derecho a
la propiedad privada", la norma propone una serie de medidas dirigidas a
minorar el "desorbitado" parque de viviendas deshabitadas.
El fin es atender la demanda insatisfecha debido a una "oferta
insuficiente y a precios no adecuados", poniendo coto, a su vez, a los
numerosos procesos de privatización de viviendas provenientes en su
mayor parte de ejecuciones hipotecarias por desahucio.
Para ello, la Ley regula la tramitación del procedimiento de
declaración de vivienda desocupada, define una serie de causas de
expropiación y deja en manos de los inspectores de vivienda las tareas
de "investigación, comprobación e incoación de expedientes
sancionadores".
Además, la norma otorga al Gobierno un plazo de seis meses para poner en marcha un censo de inmuebles vacíos.
Por otra parte, se prevé la posibilidad de embargar con
carácter temporal, hasta tres años, las viviendas de las entidades
bancarias en proceso de desahucio, para que las familias afectadas
puedan permanecer en el inmueble durante ese período abonando un
"alquiler social que no supere el 25 % de sus ingresos".
Fruto de varias enmiendas, además la norma otorga al Gobierno
un plazo de seis meses para poner en marcha un censo de inmuebles vacíos
y, además, pretende el establecimiento de un gravamen para viviendas
desocupadas que doble la actual cuantía de la contribución urbana.
Esto último, lo relativo al impuesto de inmuebles
deshabitados, adquirirá rango normativo mediante la modificación de la
Ley Foral de Haciendas Locales, que se tramita por separado.
Por otra parte, se prevé la posibilidad de embargar con
carácter temporal, hasta cinco años, las viviendas de las entidades
bancarias en proceso de desahucio, para que las familias afectadas
puedan permanecer en el inmueble durante ese período abonando un
"alquiler social que no supere el 25 % de sus ingresos".
Podrán ser beneficiarios de esta expropiación forzosa de
"interés social" las unidades familiares cuyos ingresos conjuntos no
superen 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. No
obstante, cuando la unidad familiar tenga tres miembros dicho límite se
fija en 3,25, cuando tenga cuatro en 3,50 y si tiene más 5 o más se
añadirá un 0,25 por cada integrante.
Por otra parte, se posibilita la dación en pago de viviendas
protegidas, en casos de imposibilidad o dificultad para hacer frente a
las hipotecas, eliminándose así los problemas derivados de la aplicación
de los límites existentes para su adquisición.
Para incentivar la puesta a disposición de viviendas en las
bolsas públicas de arrendamiento se contemplan una serie de beneficios
para sus titulares, ya sean personas físicas o jurídicas.
Junto a este punto y como medida necesaria, se ha aprobado la
toma en consideración de la proposición de Ley de modificación de la Ley
Foral de Haciendas Locales de Navarra, que prevé la creación de un
impuesto llamado a gravar la titularidad de inmuebles que figuren en el
Registro de Viviendas Deshabitadas.
También con los votos a favor de PSN, Bildu, Aralar-Nabai, I-E
y los no adscritos y los votos en contra de UPN y PPN, la Ley Foral
pretende adecuar varios puntos de la Ley Foral de Haciendas Locales de
Navarra a la proposición de Ley previamente aprobada de medidas urgentes
para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, epígrafes cuyo
contenido se desgaja para ser tramitado como proposición de Ley, según
el procedimiento ordinario.
En ese sentido, la proposición de Ley plantea la regulación,
con carácter obligatorio,de un impuesto sobre Viviendas Deshabitadas
(anteriormente Desocupadas) llamado a gravar la "titularidad" de
inmuebles que figuren en el Registro de Viviendas Deshabitadas
establecido en la Ley Foral de Derecho a la Vivienda en Navarra.
La base imponible del impuesto sería, según se detalla, la
vigente para la exacción de la contribución territorial, siendo la
cuota, de carácter semestral, el resultado de aplicar a dicha base un
tipo de gravamen de entre 0,10 y 0,50 %, único para todo el término
municipal.
Quedan exentas las viviendas cuyos titulares sean funcionarios
públicos y trabajadores que desempeñen sus labores fuera de la
localidad en que esté enclavada la casa, no así, como hasta ahora, los
inmuebles cuyos titulares sean las Administraciones Públicas. En todo
caso, la exención alcanzará a una sola edificación.
En defensa de la proposición de ley han intervenido Txema
Mauleón (I-E), Gregorio Galilea (PSN), Víctor Rubio (Bildu) y Xabi Lasa
(Aralar-NaBai), quienes han coincidido en apelar a la acción de las
administraciones para paliar el problema que sufren muchos ciudadanos
por la carencia de vivienda o por los problemas para afrontar sus pagos.
"No puede ser que sigamos rescatando con miles de millones de
euros a los bancos y no pongamos todas las energías para rescatar a
todas las personas desahuciadas", ha dicho Mauleón, palabras en las que
ha ahondado Victor Rubio al lamentar que el español es el "Estado
europeo donde más desahucios se producen pero donde más viviendas vacías
existen".
Lasa ha expuesto que con su actuación los gobierno son "al
menos culpables de omisión", una carencia que desde hoy ha legislado en
su defecto el Parlamento de Navarra.
En contra, Mariví Castillo (UPN) ha considerado que lo hoy
aprobado "no soluciona el problema de fondo, es demagógica e ineficaz"
ya que "la única forma de solucionar es modificar la normativa estatal
de legislación hipotecaria y aprobar la dación en pago", algo en lo que
ha apuntado al PP.
Precisamente el portavoz popular, Eloy Villanueva, además de considerar
este ley "puramente coercitiva", la ha considerado "una ley política,
que no resuelve los problemas de los ciudadanos y que quieren traer a
Navarra únicamente con ánimo electoralista, sin intención de solucionar
los problemas de los ciudadanos".