Tienen que pagar entre 18.000 y 130.000 euros por la urbanización de una zona residencial
Ana Cenzano
- Jueves, 13 de Noviembre de 2014 - Actualizado a las 06:07h
viana - Un grupo de
vecinos de Viana de una zona residencial, (ubicada en la subida hacia el
Cueto y próxima a la residencia de ancianos) y que representa a 48
familias, ha iniciado acciones de protesta contra el Ayuntamiento por lo
que consideran un abuso por parte del Consistorio vianés. Denuncian que
el Ayuntamiento inició las obras de urbanización de una zona conocida
como vial PDC1, con un presupuesto inicial de 495.000 euros, que
finalmente ha tenido un coste de 1.125.000 euros, y ahora pretende que
lo paguen “los vecinos colindantes”.
El proyecto se remonta al año 2007. Los vecinos explican que estas obras “repercuten con unos pagos de entre 18.000 y 130.000 euros por familia”, cantidades a las que algunas de estas personas aseguran no poder hacer frente. Este grupo de vecinos pide explicaciones al Consistorio sobre la causa del desfase entre el presupuesto inicial y el coste final del proyecto. Manifiestan que han solicitado una peritación a una empresa nacional, ajena a este asunto, y que ésta ha resuelto que “existe una diferencia de 400.000 euros entre el presupuesto y lo que realmente cuesta la obra”, comentan algunos representantes del grupo. Los vecinos de la zona afectada afirman que no se niegan a pagar, pero que no están dispuestos a asumir la diferencia entre el presupuesto inicial y el coste final del proyecto.
las cifras del ayuntamiento Por su parte, el alca lde de Viana, Gregorio Galilea, aseguró que el presupuesto por el que se adjudicó la obra en el año 2007 fue de 766.344 euros, sin contar la dirección de obra, ni las indemnizaciones que hubo que hacer a quienes tenían alguna propiedad en la zona afectada por el proyecto. “No sé de dónde sale la cifra de los 495.000 euros que se está dando desde el grupo de vecinos”, comentó.
Según Galilea, en un pleno del 25 de noviembre de 2008 se aprobó, por unanimidad, una modificación de contrato que incrementaba el presupuesto en 305.074 euros. Se argumentaba que obedeció a exigencias de Iberdrola, la Mancomunidad de Montejurra y otras empresas, y que las modificaciones supusieron colocar dos transformadores más, hacer muros de contención y otras obras.
El alcalde ofreció también las cifras de las cuatro indemnizaciones pagadas a propietarios que tenían alguna caseta u otra propiedad en la zona, y que hubo que derribar para la ejecución del proyecto. Una de las indemnizaciones ascendió a 103.577 euros, otras dos a 1.677 euros y otra a 3.355 euros. “Los indemnizados son propietarios que hoy día tienen terreno en la zona y que mantienen sus parcelas intactas, conservando el cien por cien de edificabilidad”, argumenta el primer edil.
A las reclamaciones realizadas por las 48 familias por las elevadas cifras que les reclama el Ayuntamiento, el alcalde explicaba que a cada propietario le corresponde pagar en proporción a la edificabilidad de su parcela. “Reconozco que es una situación delicada, pero los promotores conocían perfectamente las circunstancias del proyecto. Otra cosa es que estos no hayan informado convenientemente a los compradores”, explicó. Galilea añadió que desde el Consistorio se está cumpliendo con la legalidad: “La ley marca que el Ayuntamiento gire las cuotas a los propietarios actuales, y si no lo hiciésemos así sería un agravio comparativo para el resto de vecinos que han asumido los costes repercutidos al comprar sus unifamiliares”, añadió.
juicios Galilea se lamentó por el desgaste que está suponiendo el tema, ya que, entre juicios y apelaciones han sido 28 sentencias las que han entrado en el Ayuntamiento. “La justicia nos ha dado la razón en todas las ocasiones, excepto en una, en la que resolvió que otro grupo de propietarios no estaban beneficiados por esta zona y los eximió de pagar”, argumentó.
Las 48 familias de vecinos afectados se mantienen firmes en no considerar justa la situación y están dispuestas a manifestarse cada domingo en la plaza de Los Fueros, como ya lo hicieron el pasado día 9, para solicitar “que el Ayuntamiento recapacite y tenga sensibilidad” y pedir el apoyo de los vecinos de Viana.
Por su parte, el alcalde de la ciudad ha asegurado que está abierto a dar explicaciones y que “todas las cifras de este proyecto están en el Ayuntamiento a disposición, no solo de los propietarios afectados, sino de todos los vecinos que las quieran consultar”.
El proyecto se remonta al año 2007. Los vecinos explican que estas obras “repercuten con unos pagos de entre 18.000 y 130.000 euros por familia”, cantidades a las que algunas de estas personas aseguran no poder hacer frente. Este grupo de vecinos pide explicaciones al Consistorio sobre la causa del desfase entre el presupuesto inicial y el coste final del proyecto. Manifiestan que han solicitado una peritación a una empresa nacional, ajena a este asunto, y que ésta ha resuelto que “existe una diferencia de 400.000 euros entre el presupuesto y lo que realmente cuesta la obra”, comentan algunos representantes del grupo. Los vecinos de la zona afectada afirman que no se niegan a pagar, pero que no están dispuestos a asumir la diferencia entre el presupuesto inicial y el coste final del proyecto.
las cifras del ayuntamiento Por su parte, el alca lde de Viana, Gregorio Galilea, aseguró que el presupuesto por el que se adjudicó la obra en el año 2007 fue de 766.344 euros, sin contar la dirección de obra, ni las indemnizaciones que hubo que hacer a quienes tenían alguna propiedad en la zona afectada por el proyecto. “No sé de dónde sale la cifra de los 495.000 euros que se está dando desde el grupo de vecinos”, comentó.
Según Galilea, en un pleno del 25 de noviembre de 2008 se aprobó, por unanimidad, una modificación de contrato que incrementaba el presupuesto en 305.074 euros. Se argumentaba que obedeció a exigencias de Iberdrola, la Mancomunidad de Montejurra y otras empresas, y que las modificaciones supusieron colocar dos transformadores más, hacer muros de contención y otras obras.
El alcalde ofreció también las cifras de las cuatro indemnizaciones pagadas a propietarios que tenían alguna caseta u otra propiedad en la zona, y que hubo que derribar para la ejecución del proyecto. Una de las indemnizaciones ascendió a 103.577 euros, otras dos a 1.677 euros y otra a 3.355 euros. “Los indemnizados son propietarios que hoy día tienen terreno en la zona y que mantienen sus parcelas intactas, conservando el cien por cien de edificabilidad”, argumenta el primer edil.
A las reclamaciones realizadas por las 48 familias por las elevadas cifras que les reclama el Ayuntamiento, el alcalde explicaba que a cada propietario le corresponde pagar en proporción a la edificabilidad de su parcela. “Reconozco que es una situación delicada, pero los promotores conocían perfectamente las circunstancias del proyecto. Otra cosa es que estos no hayan informado convenientemente a los compradores”, explicó. Galilea añadió que desde el Consistorio se está cumpliendo con la legalidad: “La ley marca que el Ayuntamiento gire las cuotas a los propietarios actuales, y si no lo hiciésemos así sería un agravio comparativo para el resto de vecinos que han asumido los costes repercutidos al comprar sus unifamiliares”, añadió.
juicios Galilea se lamentó por el desgaste que está suponiendo el tema, ya que, entre juicios y apelaciones han sido 28 sentencias las que han entrado en el Ayuntamiento. “La justicia nos ha dado la razón en todas las ocasiones, excepto en una, en la que resolvió que otro grupo de propietarios no estaban beneficiados por esta zona y los eximió de pagar”, argumentó.
Las 48 familias de vecinos afectados se mantienen firmes en no considerar justa la situación y están dispuestas a manifestarse cada domingo en la plaza de Los Fueros, como ya lo hicieron el pasado día 9, para solicitar “que el Ayuntamiento recapacite y tenga sensibilidad” y pedir el apoyo de los vecinos de Viana.
Por su parte, el alcalde de la ciudad ha asegurado que está abierto a dar explicaciones y que “todas las cifras de este proyecto están en el Ayuntamiento a disposición, no solo de los propietarios afectados, sino de todos los vecinos que las quieran consultar”.
